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La industria textil tuvo una década ganada en términos de producción y empleo, pero no en condiciones laborales. Según cifras del Ministerio de Trabajo, mientras el número de costureros que trabajan en blanco pasó de 25.000 a 50.000 desde 2003 hasta ahora, la cantidad de no registrados se triplicó de 40.000 a 120.000. Y en muchísimos casos los que están en la informalidad trabajan en situación de extrema precariedad, a veces rayana en la esclavitud.
Con la por entonces sensible conducción de Enrique Martínez, a mediados de la década kirchnerista el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) comenzó a ocuparse del problema. Desde 2005 venía realizando tareas de concientización en todas las partes involucradas, pero luego de la tragedia ocurrida en marzo de 2006 cuando el incendio de un taller clandestino en la calle Luis Viale de la Capital Federal terminó con la vida de seis personas, el organismo se dispuso a desarrollar un programa de certificación de condiciones laborales y ambientales que terminó plasmada en una normativa de carácter voluntario conocida como “Compromiso Social Compartido (CSC)”.
La idea es que las empresas del sector le soliciten al INTI que certifique el cumplimiento de una serie de requisitos que demuestran la vigencia de condiciones laborales dignas (particularmente la ausencia de trabajo infantil, de trabajo forzado, de violencia laboral y de discriminación), la protección de los derechos del trabajador (en materia de remuneraciones, libertad sindical, ética laboral y capacitación profesional), el cuidado de la salud y de la seguridad ocupacional, el respeto al medio ambiente, y la lealtad comercial. El procedimiento de certificación incluye la verificación de que los requisitos también son cumplidos por los licenciatarios y por los principales proveedores, es decir los talleristas y los trabajadores a domicilio.
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Desde que el INTI tuvo listo el programa y convocó a las empresas del sector, más de 100 mostraron algún interés, pero finalmente desistieron todas menos Ombú. Debe haber habido variados motivos que explican el abandono, pero seguramente una de las causas principales fue la falta de voluntad o capacidad para cumplir con los requisitos exigidos.
El INTI pretende que el programa sea potenciado por presión de la demanda. La idea es que, además de la presentación voluntaria, las firmas textiles se vean inducidas a contar el certificado, ya sea porque los consumidores u ONGs lo reclaman o porque resulta indispensable para poder participar de licitaciones de compras de organismos públicos o privados.
Respecto de esto último, en su tesis para la maestría en Derecho del Trabajo de la Universidad de Tres de Febrero, el abogado del INTI Adrián Choren señala: “Si la herramienta de la compra sustentable se utiliza desde el Estado en su conjunto (Nacional, Provincial y Municipal) se pueden lograr mayores resultados”.
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Como conclusión les dejo que si en lugar de ser un equipo de menos de diez personas la parte de de responsabilidad social del INTI fueran unas cincuenta (para poder controlar realmente los talleres) y para las licitaciones del estado se exigiera a los proveedores contar con el certificado el rpograma sería un éxito.
Para un análisis completo sobre el tema les recomiendo el trabajo del Dr.Choren que puede leerse siguiendo este link.